Interesante analizar el caso de un tercio de la población venezolana, los empleados públicos, los que pertenecen a ministerios y otras instituciones del Estado, incluidos los autónomos, como los del Banco Central de Venezuela, que durante el 2010 le cambiaron su ley para desviar sus funciones y llevarlo a lo que es hoy en día.
Estos entramados administrativos del gobierno dieron paso a la merma de sueldos de millones de trabajadores, en lo que llaman un “achatamiento”, que alcanza un 98%, obligando a profesionales activos y jubilados a buscar otro empleo, volver a trabajar o irse del país sin mirar atrás.
Y es que ser un empleado del Estado no significa ser afecto al gobierno, significa que son “obligado” a participar en marchas, firmar asistencia en elecciones, acoso y muchas otras cosas más. En especial los de empresas como PDVSA, Corpoelec, Fuerzas Armadas, las Hidrológicas, industrias como las Empresas de Guayana y otras.
Ante tal despojo, la Federación Nacional de Jubilados de Venezuela FENAJUPV, que agrupa a 83 Asociaciones de Jubilados y Pensionados dentro del país, 23 Asociaciones de Pensionados y Jubilados por Venezuela residentes en el Exterior, Jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los Militares de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, amparados por el Instituto de Prevención Social de las Fuerzas Armadas, alzan su voz para rescatar su medio de vida y su dignidad.
Esto se refiere a millones de personas que pagaron por una jubilación digna, mientras fueron activos. Es importante mencionar, que en Venezuela hay pleno abastecimiento de productos de todo tipo, solo que no están al alcance de los ciudadanos, que han sido sometidos a un ataque sistemático a su calidad de vida, por desproporción total del sueldo con respecto a la Canasta Básica en la nación, que ronda los 330$ USA, versus un ingreso por pensión mensual de Bs.7,00, equivalente a 1,65 $ USA.
No existe una estructura hospitalaria pública, teniendo que llevar todo lo necesario para el mínimo procedimiento. El servicio médico de hospitalización, cirugía y maternidad que persiste en contadas empresas, tiene serias limitantes de cobertura, no atienden todas las especialidades, y las medicinas no son suministradas en su totalidad, en una realidad de medicamentos importados con alto costo, que no se reembolsan. En consecuencia, morir en Venezuela es más caro que permanecer con vida, los precios de servicios funerarios son sumamente elevados, obligando a las personas a optar por la cremación, incluso teniendo sus bóvedas disponibles.
Para 2016 los pensionadas y jubilados residenciados en el exterior, dejaron de recibir sus pensiones en la moneda de curso legal del país de residencia, por una decisión unilateral del gobierno venezolano, violando artículos de la constitución venezolana, Los Convenios y Acuerdos Bilaterales y Multilaterales en materia de Seguridad Social; Declaración Universal de DDHH; Las Convenciones Colectivas de Trabajo y Las Actas Convenios y los Acuerdos Vigentes suscritos por los Entes Gubernamentales.
Los Artículos 15 y 53 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, describen a las Víctimas de Lesa Humanidad, denominado el delito como EXTERMINIO, en este caso contra Pensionados y Jubilados, tipificado en el artículo 7, numeral 1b del Estatuto de Roma, competencia de esa Corte Penal Internacional.
Es necesario hacer llegar el mensaje a los organismos competentes y mostrar las pruebas que están a la vista de todos, y que se haga justicia por todos aquellos que dedicaron su vida al trabajo digno, y a cambio les están quitando todo a lo que son merecedores por derecho.
Los jubilados y pensionados venezolanos viven una tragedia, algunos sobreviven con menos de $1 mensual de pensión. Condenados al hambre y riesgo en su salud.
Ellos son víctimas de un grupo de poder que les niega el derecho a vivir con dignidad. pic.twitter.com/7MkpGX2ELG
— PROVEA (@_Provea) August 28, 2021
